Los y las defensores y defensoras populares del colectivo jurídico Defensa Popular, frente al actual conjunto de leyes comprendidas en la Agenda de Seguridad del Gobierno y el Congreso, a la opinión pública declaramos:
Que, desde el año pasado han prosperado una serie de proyectos de ley tendientes a fortalecer y proteger el ejercicio de la función policial y de Gendarmería, y que entre otras, actualmente tienen una tramitación extra rápida en el Congreso Nacional con acuerdo del Gobierno.
Entre estas normas se encuentra el Boletín N°14.870-15, fusión de proyectos que mediáticamente se han conocido bajo el nombre de Ley Naín-Retamal. Este modifica otros cuerpos legales desde el Código Penal hasta la Ley de Tránsito. En nuestra opinión, estas modificaciones en su conjunto:
Fortalecen la represión: el hecho de que las policías cuenten con la legítima defensa privilegiada abre la puerta al gatillo fácil en contra de la protesta social. Sobre todo, porque deja a criterio del agente estatal determinar la agresión sufrida independiente del daño que ocasione al agresor, atentando directamente contra los supuestos restrictivos de la legítima defensa, contemplados en el Código Penal.
Garantizan la impunidad: en casos donde opere la legítima defensa privilegiada no se podrán ordenar medidas cautelares que recaigan sobre la libertad de la policía, a no ser que durante la investigación surjan antecedentes calificados que justifiquen la existencia de un delito. Además, un agente estatal no podrá ser suspendido de sus funciones sino hasta cuando se deduzca acusación fiscal en su contra.
Refuerzan el Estado Policial: con esta ley los agentes estatales podrán realizar controles preventivos a los ocupantes de un vehículo motorizado, pudiendo registrar su interior y portaequipajes sin necesidad de indicio de delito. Además, si provocan un accidente ocasionando daños o perjuicios a terceros en el ejercicio de sus funciones, no serán responsables por ellos.
En consecuencia, sostenemos que el Boletín N°14.870-15 conocido como Ley Naín-Retamal atenta contra los derechos humanos: invisibiliza y revictimiza a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, sobretodo los casos recientes, como lo son los de la revuelta social de octubre de 2019 y criminaliza el legítimo ejercicio de la protesta social. Pues, en vez de dar garantías de no repetición, garantiza la impunidad de las policías, las que históricamente han utilizado las armas de manera desproporcionada e ilegítima.
El llamado populismo penal, es la forma en como el Estado se hace cargo de la crisis política, económica y social actual, bajo el pretexto del aumento de la delincuencia y la preocupación por la seguridad pública. Todo esto en el contexto del aniversario de los 50 años del golpe civil militar de 1973, donde todavía familiares de detenidos desaparecidos/as, sobrevivientes, y víctimas de violaciones a los derechos humanos buscan justicia.
Desde Defensa Popular, colectivo jurídico que por más de 17 años se ha dedicado a la representación jurídica de luchadoras y luchadores sociales criminalizados por el Estado, como también de víctimas de violaciones a los derechos humanos, llamamos a denunciar esta nueva ofensiva represiva y a detenerla desde las calles bajo la consigna: ¡La protesta social no es un delito! ¡No a la Ley Naín-Retamal!
Equipo Defensa Popular